Desde el domingo pasado, en China los operadores de telecomunicaciones deben someter a un escaneo de rostro a las personas que contraten algún servicio de telefonía móvil.

Esta nueva medida se debe a un intento de “salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos en línea”, según comentó el ministro chino de Industria y Tecnología de la Información a través de un documento publicado en septiembre pasado.

Entre las normas que dicho papel, destaca la obligación de los operadores de telecomunicaciones de usar “inteligencia artificial y otros medios técnicos” para verificar la identidad de las personas que registran un nuevo número de teléfono.

El debate por la privacidad y el beneficio de la tecnología

Mientras China vive un auge en los sistemas de reconocimiento facial, Estados Unidos pasa por un debate sobre su despliegue en áreas de seguridad y cumplimento de la ley.

Por ejemplo, en ciudades como San Francisco han prohibido que entidades gubernamentales utilicen esta tecnología. A la par, activistas defensores de la privacidad piden garantías para que su uso esté libre de sesgo y errores.

Sobre el tema, la International Business Machines Corporation (IBM), el pasado 5 de noviembre se negó a una prohibición absoluta sobre la tecnología de reconocimiento facial, y llamó a una “regulación de precisión” para proteger la privacidad y las libertades civiles.

IBM considera que una regulación indiscriminada podría impedir que los consumidores se beneficien de la conveniencia de controles más ágiles antes de los vuelos o ayudar a personal de emergencias a identificar rápidamente a víctimas de desastres naturales.

En el mismo documento, la jefa de privacidad de IBM, Christina Montgomery, y el codirector del laboratorio de políticas, Ryan Hagemann, recalcaron que, “los proveedores de tecnología de reconocimiento facial deben asegurar que no facilitan el abuso de los derechos humanos al desplegar tecnologías como las de coincidencia de rostros en regímenes conocidos por violaciones a los derechos humanos”.

El primer caso de demanda contra el reconocimiento facial

Ed Bridges, de 36 años, es empleado de la Universidad de Cardiff y actualmente espera su comparecencia ante el Tribunal Superior en una demanda contra la policía galesa tras ser expuesto al reconocimiento facial cuando hacía sus compras de Navidad en 2017 y en una manifestación en 2018.

Aunque Londres cuenta con 420.000 cámaras de vigilancia en sus calles, se trata de la primera persona que recurre a la justicia británica por este asunto.

“¡Son mis datos! De la misma forma que no damos nuestras contraseñas (…) tenemos el derecho de que se respete nuestra vida privada”, comentó el empleado de la Universidad de Cardiff a la Agence France-Presse (AFP).

Para su abogada, Megan Goulding de Liberty, una organización de defensa de los derechos humanos, el reconocimiento facial supone un fuerte riesgo “de autocensura” para los ciudadanos expuestos a una tecnología de vigilancia tan avanzada.

Por otro lado, un sondeo de la Information Commissionner’s Office (ICO) de 2019, arrojó que el 80% de la población en Londres está a favor de que la policía utilice el reconocimiento facial.

 

Con información de AFP