Los supermercados de Caracas registraron largas filas el sábado, después que el gobierno venezolano obligara a los establecimientos a bajar sus precios en medio de una espiral hiperinflacionaria.

La medida ocurre después que la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos realizara fiscalizaciones a más de 200 establecimientos de 26 cadenas en Caracas, tras múltiples protestas por falta de comida y servicios básicos, como agua y electricidad, en el cierre de 2017.

Unos 350 locales independientes serán fiscalizados en los próximos días en la capital y otras ciudades.

El país se rige por un control de precios de alimentos básicos y de cambios, con el cual el gobierno monopoliza el acceso a divisas para importar productos y materias primas.

Empresarios señalan los controles como causas de la crisis socioeconómica, con una inflación proyectada como la más alta del mundo, en más de 2.300% para 2018 por el Fondo Monetario Internacional. Según la patronal Fedecámaras, la industria funciona a solo 30% de su capacidad.

Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios culpan a “una guerra económica” del empresariado que busca generar descontento popular.